Gobierno adjudica Hidrovía 25 años y baja costos

El gobierno nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio conformado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y modernización de la principal vía fluvial del país durante los próximos 25 años. La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que concluyó el procedimiento licitatorio iniciado a fines de 2025 para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal.

La concesión comprende tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial por donde circula cerca del 80 % de las exportaciones nacionales, además de obras para mejorar la capacidad operativa del corredor y optimizar las condiciones de navegación. El Ministerio de Economía indicó que la nueva etapa debería reducir los costos logísticos en torno al 13,5 %, favoreciendo que los buques puedan completar cargas en los puertos de origen y reforzando la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional.

Según la documentación presentada por el grupo adjudicatario, el proyecto prevé ingresos superiores a 15,7 mil millones de dólares a lo largo de toda la vigencia del contrato, con facturación anual promedio superior a 628 millones de dólares. Las proyecciones también apuntan a un crecimiento del movimiento de embarcaciones en los próximos años, con el tráfico internacional estimado en más del 38 % y el transporte costero alrededor del 28 %. También se prevé un aumento superior al 50 % en el tránsito de buques hacia puertos al norte de Santa Fe. Las obras más relevantes deberán ejecutarse en los primeros siete años de la concesión, incluyendo el profundizamiento de canales, mejoras operativas y la adopción de nuevas tecnologías para reforzar la seguridad de la navegación y combatir actividades ilícitas.

La adjudicación determina que el concedente constituya una Sociedad de Propósito Específico y presente garantías de 40 millones de dólares para asegurar el cumplimiento contractual, además de una garantía adicional de 35 millones antes de la firma definitiva. El modelo será de obra pública por peaje y riesgo empresarial, sin aportes directos del Estado para financiar las inversiones. El contrato tiene una duración inicial de 25 años, con la posibilidad de prórroga de hasta cinco años más.